Municipio de Luque oculta documentos que declaró baldío la sede de Conmebol utilizado para evitar impuestos

La sede de Conmebol figura como baldío en Luque, una categoría usada para reducir o evitar el impuesto inmobiliario. El intendente Carlos Echeverría oculta los documentos que justifican esa exoneración, en un contexto donde Asunción fue intervenida por un caso similar.

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Investigaciones 02/12/25

Por Alfredo Guachiré

La Municipalidad de Luque mantiene bajo reserva los documentos que explican por qué la sede de la Conmebol, dirigida por Alejandro Domínguez, figura como baldío dentro del catastro municipal. Esa clasificación elimina el impuesto inmobiliario y evita controles edilicios que cualquier edificio real debe cumplir. El municipio no entrega el expediente, el dictamen técnico ni las resoluciones que autorizaron esta exoneración, pese a los pedidos formales de acceso a la información pública.

El caso surge mientras Asunción fue intervenida tras detectarse un sistema de alteración catastral donde inmuebles con construcciones eran declarados baldíos para reducir impuestos. La similitud en el método es evidente: una categoría ficticia aplicada para bajar la base imponible y eludir obligaciones municipales. En Luque, la falta de respuestas impide conocer quién autorizó la maniobra y con qué fundamentos.

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Intendente de Luque, Carlos Echeverría, dirigente colorado y cercano a Alejandro Domínguez

Baldío para evitar responsabilidades

La categoría de baldío no solo reduce el impuesto. También elimina obligaciones como planos aprobados, permiso de obra, plan contra incendios (CPI), inspecciones técnicas, declaración de superficie y controles sobre edificaciones. La sede de Conmebol opera hace años en un complejo construido y visible, pero documentalmente es tratada como un terreno vacío.

El beneficio es aún más llamativo porque la Conmebol ya no posee inmunidad diplomática desde 2015, por lo que no tiene ningún estatus jurídico especial que justifique exoneraciones. Si el municipio aplicó una categoría que no corresponde a la realidad física del inmueble, estaría falseando el hecho imponible del tributo. Eso se traduce en evasión fiscal que compromete tanto a la institución favorecida como a los funcionarios que habilitaron el mecanismo.

La sede de la Conmebol está ubicada en Luque y figura como baldío para evitar pagar impuestos.

El municipio no entrega el expediente

Tras acceder al documento oficial del catastro que confirma la categoría de baldío, se presentó una solicitud formal pidiendo:

  • copia de las resoluciones que exoneraron el predio

  • los fundamentos legales y administrativos usados

  • el dictamen técnico que justificó clasificar como baldío un inmueble con construcciones

La Municipalidad de Luque no respondió dentro del plazo. No remitió resoluciones, no explicó el fundamento técnico y no entregó el dictamen. Ante esta omisión, se agotará la vía administrativa para recurrir al Juzgado de Paz con el fin de exigir judicialmente la entrega del expediente.

El intendente Carlos Echeverría, dirigente colorado y cercano a Alejandro Domínguez, queda así en el centro de un esquema que favorece a la organización deportiva más poderosa del continente. El ocultamiento del expediente impide determinar si existió un análisis técnico real o si se trató de una resolución dictada exclusivamente para exonerar impuestos.

Un beneficio millonario con apoyo estatal

El contexto económico vuelve el caso todavía más sensible. Según documentos oficiales, en 2024 la Conmebol movió USD 849,8 millones, generó utilidades netas de USD 112 millones y alcanzó un patrimonio cercano a USD 273 millones. A pesar de ello, tributó solo 0,3 por ciento de lo facturado en Paraguay. La exoneración inmobiliaria en Luque elimina otro componente clave de su aporte fiscal.

Al mismo tiempo, la organización recibe apoyo estatal en seguridad. En 2024, la Policía Nacional destinó USD 1,3 millones para cubrir eventos oficiales de Conmebol con más de 16 mil agentes desplegados, sin que la institución deportiva asumiera costo alguno. Incluso Alejandro Domínguez contó con custodia policial permanente, asignada por resolución interna, cuyos gastos fueron absorbidos por el Estado.

La contradicción es evidente: una institución con facturación multimillonaria, que recibe recursos públicos en seguridad y beneficios operativos del Estado, no paga impuesto inmobiliario, figura como baldío y cuenta con un municipio que se niega a transparentar la documentación que justificó ese privilegio.

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