La gobernadora Liz Natalia Meza Páez ya comprometió recursos por G. 299.854.213.544 (USD 40,5 millones) en el marco del programa Hambre Cero en las Escuelas. Son cuatro contratos vigentes hasta agosto de 2027, lo que significa que el monto total quedó formalmente comprometido bajo administración de la Gobernación de Concepción.
Dos de esos contratos fueron adjudicados meses antes del 15 años estimado en G. 600 millones, cifra que la propia gobernadora calificó como “normal” y explicó que fue financiada mediante créditos. El dato relevante no es el evento en sí, sino el volumen de recursos públicos que administra la institución que ella dirige.
Gobernadora de Concepción durante el lanzamiento del almuerzo escolar en el departamento.
Cuatro contratos vigentes hasta 2027
La licitación identificada con el ID 450.865 derivó en el Contrato N.º 10/2024, firmado por la gobernadora Liz Natalia Meza Páez con Ladero Paraguayo S.A. (RUC 80018240-5), representada por Cándido Iván Da Silva Báez, por G. 30.049.037.344 (USD 4 millones).
En ese mismo proceso también se adjudicó a Blanca Nieves Rodríguez Braun (RUC 688279-0), quien firmó como proveedora por G. 31.110.408.000 (USD 4,2 millones).
Posteriormente, bajo el ID 458.765, se firmó el Contrato N.º 01/2025 entre la gobernadora y Comercial Blanca Nieves Rodríguez Braun, representada por Blanca Nieves Rodríguez Braun, por G. 124.869.265.500 (USD 16,8 millones).
En ese mismo proceso se suscribió el Contrato N.º 02/2025 con Grupo Altair S.A. (RUC 80098783-7), representada por Luis Arnaldo Mendoza Larroza, por G. 113.825.502.700 (USD 15,3 millones).
En total, tres proveedores concentran el servicio de alimentación escolar en Concepción. La suma de los cuatro contratos alcanza casi G. 300.000 millones, monto ya comprometido hasta agosto de 2027.
Liz Meza firmó cuatro contratos por casi G. 299.854 millones del FONAE.
El presupuesto total que administra la Gobernación
En el ejercicio 2025, la Gobernación de Concepción ejecutó aproximadamente G. 171.110 millones (USD 23 millones) en total.
De ese monto, G. 110.627 millones (USD 14,9 millones) correspondieron exclusivamente a Hambre Cero.
Eso implica que el 65% del presupuesto ejecutado en 2025 estuvo vinculado al programa de alimentación escolar. En términos prácticos, la mayor parte del dinero que movió la institución durante el año se concentró en ese esquema.
Liz Meza: patrimonio e ingresos
Según su última declaración jurada, Liz Meza declaró un patrimonio neto de aproximadamente G. 2.984 millones en 2023, frente a G. 1.051 millones en 2018.
Sus ingresos mensuales declarados ascienden a G. 31.254.270, lo que equivale a G. 375.051.240 al año.
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Si se compara ese ingreso anual con el costo estimado del 15 años —G. 600 millones— el resultado es el siguiente:
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El evento equivale a 20% de su patrimonio neto declarado.
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Representa 160% de su ingreso anual bruto.
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Equivale a 19 meses completos de salario bruto.
La gobernadora sostuvo que el evento fue financiado mediante créditos. Sin embargo, la relación entre patrimonio, ingresos y nivel de desembolso genera interrogantes cuando se la observa junto al volumen de contratos públicos que administra.
Hambre Cero y el control necesario
Hambre Cero proyecta a nivel nacional una inversión aproximada de USD 1.035 millones entre 2024 y 2027. Solo en 2025, el presupuesto estimado del programa asciende a USD 375 millones, con ejecución descentralizada en 15 gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social.
Eso significa que una parte sustancial de uno de los programas sociales más grandes del país queda bajo administración política departamental. En el caso de Concepción, el paquete contractual alcanza USD 40,5 millones.
El Gobierno Central decidió invertir recursos históricos en alimentación escolar y delegó en las gobernaciones la administración de una parte sustancial de esos fondos. Precisamente por la magnitud de la inversión —más de mil millones de dólares proyectados hasta 2027— el control debe ser estricto y permanente. De lo contrario, un programa diseñado para garantizar comida en las escuelas corre el riesgo de convertirse en un festín administrativo o en un foco de desvío de recursos públicos.
