Desde 2023, cuando Raúl Latorre asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, la estructura administrativa de la Cámara Baja registró al menos 778 ingresos entre funcionarios nombrados y contratados. A estos se suman 275 comisionados, elevando a más de 1.000 los movimientos administrativos en tres años, entre incorporaciones, traslados y reorganización interna.
El dato adquiere relevancia en un contexto de discurso oficial centrado en el ajuste del gasto público. Sin embargo, los registros muestran que la Cámara Baja no solo mantiene su estructura operativa, sino que además dispone de 115 vacancias en un año electoral, lo que habilita nuevas incorporaciones en un escenario político donde históricamente se intensifican estos movimientos.
En total, la Cámara de Diputados cuenta con 2.523 funcionarios activos, entre permanentes, contratados y comisionados.
Ingresos desde 2023
El inicio del periodo se da en 2023, año en que la presidencia de la Cámara fue compartida entre Carlos María López durante el primer semestre y Raúl Latorre, quien asumió en julio de 2023. En ese año se registraron 187 funcionarios nombrados y 152 contratados, totalizando 339 ingresos, el punto más alto del periodo analizado.
En 2024, ya bajo la conducción plena de Latorre, se registraron 34 nombramientos y 162 contrataciones, alcanzando 196 ingresos. Para 2025, los datos vuelven a incrementarse con 127 funcionarios permanentes y 116 contratados, sumando 243 incorporaciones.
En total, entre 2023 y 2025, la Cámara de Diputados acumuló 778 ingresos reales, consolidando una dinámica constante dentro de su estructura administrativa.
Nepobabies y concursos
En 2024, la Cámara de Diputados quedó en el centro del debate público tras el escándalo de los denominados “nepobabies”, que expuso vínculos familiares en el ingreso de funcionarios al Estado. En ese contexto, la presidencia encabezada por Latorre anunció la realización de un concurso público para la incorporación de 50 nuevos contratados al órgano legislativo.
Sin embargo, los datos muestran que el flujo de incorporaciones continuó por otras vías. De los 778 ingresos registrados desde 2023, solo 50 corresponden a procesos concursados, mientras que al menos 728 funcionarios ingresaron sin concurso público, mediante nombramientos o contrataciones directas.
Este contraste evidencia la coexistencia entre mecanismos formales de selección y prácticas administrativas que mantienen amplios márgenes de discrecionalidad en el acceso a cargos dentro del órgano legislativo.
Comisionados, costo y vacancias
A las incorporaciones se suman 275 comisionados, funcionarios trasladados desde otras instituciones que, aunque no constituyen ingresos formales, refuerzan la estructura administrativa de la Cámara Baja. Este grupo representa un costo mensual de ₲ 217.075.813, dentro de una masa salarial total que alcanza los ₲ 20.109.662.817 a febrero de 2026.
Del total, ₲ 17.587 millones corresponden a funcionarios permanentes y ₲ 2.305 millones a contratados, evidenciando una alta concentración del gasto en la planta estable.
Mantener esta estructura administrativa cuesta ₲ 20.109.662.817 al mes en salarios.
La existencia de 115 vacancias disponibles en año electoral confirma que la estructura no está cerrada y mantiene margen para nuevas incorporaciones. En términos administrativos, esto implica que el Congreso conserva capacidad de expansión en su plantilla en un momento políticamente sensible.
En este escenario, la combinación de ingresos, comisionamientos y vacancias configura una estructura que opera con niveles de flexibilidad y privilegio, con capacidad de seguir ampliándose dentro de su funcionamiento actual.
