La denuncia comenzó con un video publicado en redes sociales por el abogado Juan José Bernis, donde expone el caso de Sonia Karina Flores, funcionaria que, según su versión, ingresó a la Gobernación de Paraguarí en 2018 por concurso, permaneció siete años como contratada y fue nombrada hace unos diez meses también por concurso de méritos. Posteriormente, afirma, la gobernadora Norma Zárate anuló ese nombramiento.
Tras la difusión del video, Bernis fue consultado en radio 800 AM, en el programa La Unión Hace la Fuerza, donde amplió la denuncia y elevó la gravedad del caso. Allí sostuvo que, luego de la publicación, recibió un contacto indirecto en el que se le consultó “cuánto quería” para retirar el material, lo que presentó como un intento de “negociar” la baja del contenido .
Juan José Bernis, abogado con presencia en redes, difunde contenidos sobre derechos laborales.
El video, la presión y el dinero
El abogado rechazó cualquier posibilidad de acuerdo y aseguró que no retirará el material ni modificará su denuncia. Además, anunció acciones judiciales contra la gobernadora, incluyendo una demanda para que responda con su patrimonio por los daños que, según afirma, fueron ocasionados.
Durante la entrevista, Bernis también vinculó el caso con presiones dentro de la estructura pública, señalando que la funcionaria habría sido apartada tras negarse a participar en actividades políticas. La combinación entre la anulación de un nombramiento y la aparición de un ofrecimiento económico para bajar el video introduce un elemento adicional: la posibilidad de que un conflicto administrativo derive en un intento de frenar su difusión mediante dinero.
Bernis es un abogado con presencia activa en redes sociales, donde explica mecanismos de defensa laboral y expone casos de presuntas irregularidades, lo que le ha permitido construir una audiencia relevante en plataformas digitales.
Internas, cargos y aparato político
El caso se produce en medio de las internas del Partido Colorado previstas para junio, un contexto donde históricamente se intensifica la disputa por estructuras territoriales y equipos de campaña. En ese escenario, la denuncia apunta a un patrón conocido: el uso del aparato público para presionar a funcionarios a participar en campañas o respaldar candidaturas, bajo riesgo de perder su cargo.
Ese contexto no es aislado. Un caso previo publicado por este medio expuso la denuncia contra el precandidato a intendente Andrés Rodrigo Báez, integrante del equipo político de la gobernadora, por el presunto ofrecimiento de cargos dentro del programa Hambre Cero a cambio de respaldo político.
La denuncia se sustentó en un audio en el que se mencionaría la posibilidad de acceder a un puesto con salario mensual y cobertura del IPS dentro de un programa administrado por la Gobernación.
Millones en juego y antecedentes
La gobernadora Norma Zárate de Monges firmó contratos vinculados al programa Hambre Cero por ₲ 241.170.219.430 (alrededor de USD 33 millones) hasta 2027, en un esquema que implica la gestión de recursos, contratación de personal y despliegue territorial en todo el departamento.
En ese contexto, el caso de una funcionaria cuyo nombramiento fue anulado —sumado a denuncias previas de ofrecimiento de cargos— sugiere que este tipo de situaciones podrían no ser aisladas, sino parte de una lógica más amplia donde los cargos públicos y la estructura estatal quedan expuestos a presiones en períodos electorales.
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