El fútbol paraguayo no funciona solo. Cada partido de alta concurrencia requiere un despliegue estatal sostenido: agentes policiales, logística, combustible y coordinación operativa. Sin ese dispositivo, el espectáculo no se realiza. Sin embargo, ese costo no es asumido por quienes organizan los eventos.
En 2025, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) gastó ₲ 578.120 millones, según su balance. Ese nivel de egresos marca la escala económica de la institución y la dimensión del negocio que administra. En ese mismo periodo, la APF declaró un pago directo de ₲ 1.508.812.015 en IVA general, que constituye su principal aporte al fisco.
Gasto alto, aporte bajo
La diferencia entre ambos valores es significativa. Mientras la APF ejecuta gastos por cientos de miles de millones de guaraníes, su pago directo de impuestos se mantiene en un nivel considerablemente menor.
Una parte importante de los montos asociados a su actividad corresponde a retenciones. Estos son impuestos que la APF descuenta a terceros, como proveedores o contratistas, y transfiere al Estado. No constituyen un pago propio, sino un rol de intermediación en la recaudación fiscal.
El costo que asume el Estado
En paralelo, el Estado sostiene el funcionamiento del sistema. Durante 2024, la Policía Nacional movilizó 16.197 agentes en 34 partidos, con un costo estimado de ₲ 9.232 millones, financiado íntegramente con recursos públicos.
Efectivos de la policía nacional en formación en las inmediaciones del Defensores del Chaco
Cada efectivo representó un gasto promedio de ₲ 570.000, incluyendo viáticos, combustible y logística. En partidos de alto riesgo, los operativos pueden escalar hasta 3.000 agentes, convirtiéndose en una condición indispensable para la realización del espectáculo.
RECUADRO
APF: gasto, impuestos y costo público
Clave: la APF maneja una escala económica elevada, pero no financia el costo de seguridad que su actividad genera.
Un modelo que traslada el costo
El problema no es la ausencia de actividad económica ni de pagos tributarios, sino la falta de conexión entre ambos y los costos que genera el sistema. La APF tributa, pero no financia el componente esencial que permite la realización de sus eventos: la seguridad.
El esquema actual separa responsabilidades. Por un lado, una institución que gasta cientos de miles de millones; por otro, un Estado que cubre el costo operativo necesario para sostener ese espectáculo. En ese desajuste, la carga permanece pública.
