El partido estaba en su punto cuando todo se cortó. Iban apenas 30 minutos del clásico entre Cerro y Olimpia y el clima ya había cambiado. En las gradas, muchos estaban en familia, compartiendo el partido, como ocurre cada fin de semana. El fútbol como encuentro, como rutina, como espacio de disfrute.
Afuera, la escena era la de siempre. Controles en accesos, patrulleras distribuidas, agentes en puntos estratégicos. El operativo desplegado antes incluso de que ruede la pelota. La ciudad ajustada al partido.
Pero en cuestión de minutos, todo se desordena. Corridas, tensión, objetos que vuelan, el juego pasa a segundo plano. La intervención policial, la suspensión y una nueva discusión pública que se activa casi automáticamente.
El foco vuelve a ponerse en hinchas y Policía, y no sin razón. Hay responsabilidades claras en ambos lados. La violencia no se puede naturalizar y los operativos pueden fallar. Pero el problema es que el análisis se detiene ahí y no avanza hacia el fondo.
Porque el clásico no es un evento público. Es un espectáculo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol, que concentra ingresos, estructura y control. Y sin embargo, cuando se trata de garantizar que ese evento funcione, el costo principal no lo asume quien lo organiza.
La Policía Nacional lo establece de forma directa. No recibe pago alguno por los servicios de seguridad en estos partidos. A pesar de eso, despliega operativos completos, con planificación y recursos que en encuentros de alto riesgo pueden alcanzar hasta 3.000 agentes.
Eso implica una movilización significativa de recursos públicos: personal, logística, transporte, combustible. En términos simples, el Estado sostiene la seguridad de un evento privado.
Al mismo tiempo, la APF se mueve en otra escala. En 2025, sus egresos superaron los ₲ 578.120 millones, lo que refleja la dimensión económica del fútbol paraguayo. Sin embargo, en ese mismo periodo, declaró un pago directo de apenas ₲ 1.508.812.015 en IVA, su principal aporte al fisco.
La relación es evidente. Un volumen alto de recursos con un aporte impositivo bajo en proporción, mientras uno de los costos más sensibles —la seguridad— queda completamente fuera de su estructura.
Ese es el punto que no se discute.
Cada episodio de violencia vuelve a activar el mismo debate, pero sin incorporar este elemento. Se cuestiona a quienes están en la grada y en la calle, pero la organización del espectáculo no es interpelada en la misma medida.
Y ahí es donde el problema se vuelve estructural.
Porque mientras el foco siga puesto únicamente en lo visible, el modelo no cambia. La APF organiza, recauda y no asume uno de los costos más críticos de su propio negocio, mientras el Estado absorbe ese impacto.
El partido se suspende, la gente se retira, y una vez más queda instalada una discusión incompleta. Se reparten responsabilidades, pero a la APF no se le exige lo que corresponde.
