El acuerdo entre Petropar y Doha Holding Group, representada en Paraguay por Alejandro Domínguez Jr., hijo del presidente de la Conmebol, fue presentado como la solución para abaratar el diésel y aliviar el costo para el consumidor. Eddie Jara, titular de Petropar, afirmó en el Congreso que el cargamento catarí permitiría reducir G. 500 por litro y luego repitió lo mismo en diversos medios. Pasó un año y el país no recibió una sola entrega. Paraguay siguió comprando combustible más caro y el ahorro que debía llegar ya se perdió, transformándose en una carga diaria para la ciudadanía. Cada conductor que carga combustible paga G. 500 más por litro debido a este contrato sin ejecución.
Durante este periodo el contrato fue prorrogado nueve veces sin avances reales. La Adenda número 9, mencionada en un artículo anterior de este medio, extendió el acuerdo hasta 2026. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) advirtió que las sucesivas prórrogas desnaturalizaban el procedimiento y pidió justificar por qué se sostenía el vínculo, considerando la ausencia de entregas. A pesar de esos reparos, Petropar prolongó nuevamente la relación con la firma catarí mientras el país acumulaba la pérdida derivada de no recibir el volumen adjudicado.
Eddie Jara sostuvo que el contrato permitiría ahorrar G. 500 por litro, algo que no ocurrió.
Un contrato atado al poder deportivo
Doha Holding quedó desde el inicio vinculada al entorno del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Su hijo figura como representante legal y la estructura local se conecta con dirigentes del fútbol paraguayo. El peso de estos vínculos no impidió que la empresa pasara un año entero sin entregar combustible mientras Petropar prorrogaba el contrato.
En otro material publicado previamente por este medio se reveló que Petropar no puede demostrar quién firmó el contrato catarí ligado al presidente de la Conmebol, una situación que expone inconsistencias en la documentación presentada. Pese a esas dudas, las adendas siguieron aprobándose sin resultados concretos.
Alejandro Domínguez Jr., su padre Alejandro Domínguez y su esposa Mercedes, durante un evento
Las otras ofertas que también podían generar ahorro
En la licitación también se presentó Evolution Group FZ LLC, con un precio de USD 725 por tonelada. Aunque su oferta era más alta que la de Doha, seguía siendo más conveniente que los valores que Petropar terminó pagando en el mercado internacional mientras el contrato catarí no se ejecutaba. Evolution era una alternativa capaz de evitar el sobrecosto y asegurar provisión, pero quedó fuera del proceso mientras las prórrogas continuaron sin ningún resultado.
La exclusión de esta oferta dejó al país sin una vía de abastecimiento que, aun con un precio mayor, habría permitido reducir gastos reales y evitar la pérdida acumulada que hoy ya supera los USD 7 millones. No se trata de una proyección: es un costo ya asumido por el Estado debido a la decisión de mantener un contrato sin entregas.
Firmas dudosas y una garantía que no protege al Estado
Los documentos del contrato y las adendas presentan inconsistencias que Petropar no logró aclarar. No existe un respaldo legal plenamente validado sobre quién firmó en representación de Doha Holding. La garantía recibida también carece de fuerza jurídica. Se trata de una declaración jurada acompañada de un certificado bancario sin la solidez de una póliza ejecutable. Incluso ante el incumplimiento, el Estado carece de un mecanismo efectivo de recuperación.
La pérdida real que ya asumió la ciudadanía
El cálculo oficial usado por Petropar mostraba un ahorro que ya no existe. Resumido, era así:
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G. 500 por litro era la reducción anunciada
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Volumen adjudicado: 100 millones de litros
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Ahorro proyectado: G. 50.000 millones, más de USD 7 millones
Ese ahorro ya se perdió. Mientras Doha Holding no entregó combustible, Paraguay compró gasoil más caro en los mercados alternativos. El daño económico está consumado y sigue impactando todos los días: cada vez que un conductor carga combustible, paga G. 500 adicionales por litro, una diferencia que debía costar menos desde que el contrato catarí fue firmado.
Paraguay no recibió combustible, no obtuvo el ahorro y tampoco cuenta con una garantía ejecutable. El contrato que debía abaratar el gasoil terminó generando un costo mayor que cualquier alternativa disponible, incluyendo ofertas que sí podían asegurar provisión. La factura ya está asumida y la sigue pagando la ciudadanía.
