Preforte Paraguay S.A., empresa de capital boliviano, desembarcó en 2024 con una inversión industrial de USD 7,5 millones para instalar una planta hormigonera en Luque. Obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental, la habilitación municipal y la confirmación de que su predio se ubica en Zona Mixta Media, una categoría que permite industrias inocuas y donde operan otras hormigoneras del mismo rubro. Pese a compartir la misma zonificación y usos permitidos que sus competidores, el MADES canceló su licencia ambiental meses después, dejando el proyecto paralizado y suspendiendo unos 700 empleos previstos para el arranque operativo.
La empresa afirma que esta decisión se basó en un documento supuestamente adulterado dentro del expediente administrativo. Según sus descargos, la resolución habría modificado el sentido de una observación técnica, eliminando la negación de un punto clave y transformando una inexistencia de afectación ambiental en un supuesto impacto no señalado originalmente. Para Preforte, esta alteración afectó el fundamento técnico utilizado para justificar la sanción, más aún considerando que otras plantas ubicadas en la misma zonificación continúan operando sin objeciones del Estado.
Rolando de Barros, ministro del Ambiente y responsable de la resolución cuestionada.
Una resolución que podría no coincidir con su base técnica
La Resolución DAJ Nº 945/2025, dictada el 28 de octubre, dio por concluido el sumario administrativo instruido al propietario del inmueble donde se instaló la planta hormigonera. Esta resolución se apoyó directamente en la Resolución DAJ Nº 851/2025, emitida el 10 de octubre, la cual a su vez se fundamentó en el Memorándum TySIG Nº 972/2025, elaborado por la Dirección de Geomática el 8 de octubre.
En la Resolución 851, que suspendió los efectos de la Declaración de Impacto Ambiental, se transcribieron las observaciones técnicas provenientes del memorándum, y entre ellas figuraba expresamente: “No se observa la afectación de bosque de protección en zona de cauce hídrico.” Sin embargo, según Preforte, en la Resolución 945 esta frase aparece modificada como “Se observa la afectación de bosque de protección en zona de cauce hídrico”, eliminando la negación e invirtiendo el sentido técnico de la observación original. Para la empresa, esta diferencia entre los documentos previos y el texto final constituye un supuesto caso de documento adulterado dentro del expediente administrativo.
Para Preforte, esta modificación constituye un documento supuestamente adulterado que cambió el sentido de la evaluación técnica utilizada para cancelar la licencia.
La zonificación muestra que otras hormigoneras operan en el mismo sector
Además de cuestionar la supuesta adulteración documental, Preforte señala que el análisis territorial también respalda su posición. Un estudio cartográfico independiente solicitado por la empresa muestra que su planta se encuentra en la misma Zona Mixta Media donde operan BH Concretos, Premix, GS Concretos y Teccom, todas dedicadas al hormigón o prefabricados.
La Ordenanza Municipal 09/2025 habilita esta categoría para industrias inocuas de pequeña, mediana y gran escala, reconociendo formalmente la presencia de estas compañías dentro del municipio. Según Preforte, la continuidad operativa de estas plantas —sin objeciones regulatorias— refuerza la percepción de un tratamiento desigual en la aplicación de criterios ambientales y territoriales dentro del mismo distrito.
Empresa extranjera Preforte invirtió USD 7,5 millones en su planta en Luque
Impacto económico y un debate sobre seguridad jurídica
La suspensión de la licencia paralizó la instalación de maquinaria, detuvo desembolsos ya planificados y dejó inactivos a proveedores y contratistas vinculados al proyecto. Para la empresa, este impacto económico contradice el discurso de promoción de inversiones productivas que sostiene el país.
Preforte sostiene que el episodio plantea un debate sobre seguridad jurídica, especialmente cuando decisiones administrativas pueden basarse en documentos cuyo contenido es cuestionado. En su lectura, la coexistencia de otras hormigoneras en la misma zona habilitada y sin restricciones amplía el alcance del caso y lo posiciona como un punto de atención para quienes evalúan instalar capital industrial en Paraguay.
Un conflicto marcado por cuestionamientos en el expediente
Preforte señala que la modificación del texto técnico incorporado a la resolución configura un supuesto documento adulterado dentro del expediente administrativo. Según la empresa, este tipo de alteración podría encuadrar en el hecho punible de producción de documento público de contenido falso.
Mientras la planta permanece inactiva y la inversión de USD 7,5 millones sigue detenida, la controversia continúa bajo la órbita del Ministerio del Ambiente a cargo de Rolando de Barros, cuya cartera sostiene la resolución cuestionada. El caso se vuelve un punto de observación para entender cómo se aplican los criterios ambientales y territoriales en un sector donde varias hormigoneras operan bajo la misma clasificación de uso del suelo.
